martes, 13 de febrero de 2018

¿Qué es el delito de acción culposo?

Los delitos de acción culposos al igual que los dolosos, suponen la individualización de una conducta. Siendo, ésta, una manifestación de voluntad conforme a sentido y significación, es decir, con una voluntad que aparece finalísticamente determinada, debe reconocerse que también los tipos culposos suponen la presencia de conductas conformadas por la exteriorización de una voluntad que es necesariamente final o conforme a sentido.

En síntesis, todas las conductas previstas en los tipos penales, sean dolosos o culposos, suponen la presencia de una voluntad finalmente determinada que se exterioriza. La diferencia estriba en que los tipos culposos no individualizan la conducta en razón de su finalidad, sino por la forma en que se intenta alcanzar dicha finalidad, la que siempre implica la violación a un deber de cuidado. Es decir, en los delitos culposos, estos se caracterizan porque en el proceso causal que se inicia por la exteriorización de una voluntad finalísticamente determinada, constituida por la conducta, el autor viola un deber de cuidado que le es exigido por la ley penal, ocasionando como consecuencia un resultado antijurídico. Así, lo que hace penalmente relevante al delito culposo es la violación al deber de cuidado en la realización de la conducta, unido a la producción del resultado lesivo a bienes jurídicos penalmente protegidos.

Al respecto el Código Penal Mexicano (Código Penal Federal) expresa:

Artículo 8o.- Las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente.

Artículo 9o.- Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley, y Obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación a un deber de cuidado, que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales.

miércoles, 7 de febrero de 2018

¿Qué es el Estado de Necesidad en Derecho penal?

El artículo 15 fracción V del Código Penal Federal expresamente establece al respecto:

V.- Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente, lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo;

El estado de necesidad supone otra de las formas de exclusión que la ley penal expresamente previene como legitimadoras y, por tanto, neutralizadoras de la antijuricidad. A diferencia de la legítima defensa, en donde la legitimante surge como consecuencia del derecho que la persona tiene a defenderse y a no permitir la presencia de un hecho que afecte sus bienes jurídicos. En el caso del estado de necesidad, la legitimación surge como consecuencia de ese fundamento general que deriva, de que nadie está obligado a soportar lo imposible.

martes, 6 de febrero de 2018

¿Cuales son los elementos de la legítima defensa?

La legítima defensa implica dos acciones diferentes: Una agresión y una reacción a esa agresión. Cada una de ellas exige determinados elementos: La agresión debe ser real, actual o inminente y sin derecho. La reacción debe ser necesaria y racional, siendo necesario que no medie provocación dolosa suficiente e inmediata de parte del agredido, es decir, de quien actúa en legítima defensa, o bien de la persona a quien se defiende.

Elementos de la agresión:
a) agresión real. La ley exige que se trate de una agresión que sea auténtica, cierta, no imaginaria.
b) Agresión actual o inminente. Se entiende que la agresión sea presente, es decir, contemporánea al acto de defensa, ni anterior ni posterior.
c) Agresión sin derecho. para que la defensa sea legítima, es indispensable que la agresión sea ilegítima, y que no suponga una acción apoyada y fundada jurídicamente. 

Elementos de la reacción:

a) Necesidad de la defensa. Significa que quien actúe no tenga más alternativa que reaccionar como lo hace.

b) Racionalidad de la defensa. Es indispensable que exista una cierta proporcionalidad entre la reacción que implica la defensa, con las características de la agresión sufrida.

c) Provocación suficiente. Exige el tipo de permisivo que no medie provocación suficiente por parte de quien se defiende. Es decir, es necesario que quien actúa legítimamente no haya provocado la agresión contra la cual reacciona. 

miércoles, 31 de enero de 2018

¿Que es la legítima defensa?

La legítima defensa es la reacción a una agresión injusta en los términos que previene el artículo 15 fracción IV del Código Penal, que expresa:

IV.- Se repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende.
 CÓDIGO PENAL FEDERAL CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Última Reforma DOF 14-03-2014 5 de 181.

Se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el hecho de causar daño a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho, al hogar del agente, al de su familia, a sus dependencias, o a los de cualquier persona que tenga la obligación de defender, al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación; o bien, lo encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la probabilidad de una agresión; 

martes, 30 de enero de 2018

¿Qué son las atipicidades en el delito de acción doloso?

Son aquellas situaciones que originan la falta de atribuibilidad al tipo del delito de que se trate, lo que implica la falta de tipicidad y, como consecuencia, la inexistencia del delito.

Clasificación de las Atipicidades.

Las atipicidades estructurales de la conducta típica pueden ser clasificadas dentro de dos grandes grupos, de la manera siguiente:

Criterios estructurales generales de no atribución de la conducta al tipo: Cumplimiento de un deber.
Principio de intervención mínima o principio de la extrema ratio de la ley penal; Ausencia de algunas características fundamentales de la atribuibilidad de la conducta al tipo (falta de alguno de los elementos descriptivos objetivos, normativos o subjetivos).
Atipicidad estructural general de no atribución de la conducta al tipo en función del riesgo permitido.

Criterios específicos de no atribución de la conducta al tipo.

Ausencia de acción. (sueño, sonambulismo, hipnotismo, movimientos reflejos, movimientos involuntarios, movimientos por actos terapéuticos o derivados de cuadros patológicos mentales).
Fuerza física irresistible. 
Caso fortuito. 
Consentimiento.
Error de tipo.


lunes, 29 de enero de 2018

¿qué es el dolo en derecho penal?

El delito, en cuanto conducta típica y antijurídica, no puede ser entendido como algo exclusivamente objetivo, sino que tiene que ser entendido como el comportamiento de una persona física, que se da dentro de un cierto ámbito situacional social y tal comportamiento implica una actividad que refleja su presencia dentro de marco de relación social de esa persona en el mundo.

Si el derecho implica un ámbito de relación social, es natural que en la relación que previene, vincule a los miembros de la comunidad, en manera tal que, la conducta prohibida u ordenada por la ley, supone precisamente la conducta de un sujeto, a partir de su voluntad, que afecta el interés jurídico de otro, al lesionar o poner en peligro sus bienes jurídicos.

La conducta típica previene siempre la conducta de alguien que afecta a un tercero y en ella queda recogida su voluntad que implica el dolo. Por otro subjetivo, además del normativo mismo.

Este dolo típico es el que tiene que darse en la tipicidad, a fin de que la conducta cuya tipicidad se analiza, sea atribuible al tipo penal correspondiente. En síntesis, la acción, como la omisión, para ser típica, debe ser dolosa o culposa.
Para que una persona pueda ser responsabilizada de la comisión de un hecho delictivo, es indispensable que, desde el punto de vista psicológico, haya actuado con dolo, es decir, que haya querido la realización del hecho delictivo, en la inteligencia de que el querer implica el conocimiento, o bien, que ese hecho hubiese sido previsto, o previó confiando en que no se produciría, violando un deber de cuidado. Sobre la base de este mínimo psicológico necesario para responsabilizar penalmente a una persona, queda eliminada la posibilidad de la responsabilidad objetiva penal.

Resumiendo, dolo es el conocimiento y el querer una conducta típica, o lo que es lo mismo, en la perspectiva del análisis normativo del tipo, el dolo como elemento del tipo penal es el conocimiento y el querer de la parte objetiva y normativa del tipo. Dolo es querer el resultado típico, en todo su ámbito situacional; la voluntad de realizar el tipo objetivo o parte objetiva del tipo, guiada por el conocimiento. Es una voluntad que presume el conocimiento, por esto, con razón, se afirma que dolo es representación y voluntad.

viernes, 26 de enero de 2018

Delitos contra la administración de justicia

Los delitos contra la administración de justicia se encuentran el el subtítulo tercero del Código Penal del Estado de México, y abarcan el encubrimiento, la acusación o denuncias falsas, el falso testimonio, la evasión, el quebrantamiento de penas no privativa de la libertad y medidas de seguridad, y los delitos cometidos por servidores públicos de la administración de justicia.

CAPITULO I 
ENCUBRIMIENTO
 Artículo 149.- Comete el delito de encubrimiento, el que: I. Sin haber participado en el hecho delictuoso, albergue, oculte o proporcione la fuga al inculpado de un delito con el propósito de que se substraiga a la acción de la justicia;

II. Sin haber participado en el hecho delictuoso, altere, destruya o sustraiga las huellas o los instrumentos del delito u oculte los objetos o los efectos del mismo para impedir su descubrimiento; y 
III. Sin haber participado en el hecho delictuoso altere, destruya o sustraiga las huellas o los instrumentos del delito u oculte los objetos o efectos del mismo para evitar o dificultar la investigación o reconstrucción del hecho delictuoso. A los responsables de este delito se les 
impondrán de uno a tres años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa. Si el delito fuera cometido por servidores públicos de la administración y procuración de justicia, la pena se aumentará hasta en una mitad más de la que le corresponda, y será destituido definitivamente e inhabilitado por veinte años. 

Artículo 150.- Al médico cirujano, enfermero o cualquier otro profesional, técnico o auxiliar de la salud que omitiera denunciar a la autoridad correspondiente los delitos contra la vida o la integridad corporal de que hubiere tenido conocimiento con motivo del ejercicio de su profesión, se le impondrán de uno a tres años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa más suspensión del derecho de ejercicio de profesión de uno a tres años. 

Artículo 151.- Al servidor público a quien se le haya hecho ofrecimiento o promesa de dinero o de cualquier otra dádiva con el propósito de realizar cohecho, y que no lo haga del conocimiento del Ministerio Público, se le impondrán de uno a tres años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa y destitución definitiva de su empleo, cargo o comisión. Si el delito fuera cometido por servidores públicos de la administración y procuración de justicia, así como de la policía pública o privada se considerará como grave y se aumentará la pena hasta en una mitad más de la que le corresponda. 

Artículo 152.- Al que a sabiendas acepte, reciba, detente o adquiera mediante cualquier forma o título, bienes que procedan de la comisión del delito de robo, se le impondrán de tres a ocho años de prisión y multa igual a cinco veces el valor de los bienes, sin exceder de un mil días multa. Los adquirentes, detentadores o comercializadores no serán sancionados cuando acrediten fehacientemente buena fe en la adquisición o tenencia de los bienes. A quien comercialice mediante cualquier forma o título con los bienes que procedan de la comisión del delito de robo, se impondrá una pena de cinco a diez años de prisión y multa igual a cinco veces el valor de los bienes. 


Artículo153.- Estarán exentos de las penas impuestas a los encubridores, los que lo sean de su cónyuge, concubino, ascendientes y descendientes consanguíneos o afines, parientes colaterales, por consanguinidad hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo, o que estén ligados con el responsable por respeto, gratitud o estrecha amistad, siempre que no lo hiciere por un interés ilegítimo ni empleare algún medio delictuoso. Esto no se aplicará en el caso del artículo anterior. 

CAPITULO II ACUSACION O DENUNCIAS FALSAS 

Artículo 154.- Al que impute falsamente a otro un hecho considerado como delito si esta imputación se hiciera ante un servidor público que, por razón de su cargo, empleo o comisión deba proceder a la averiguación del mismo, se impondrán de dos a seis años de prisión, de cincuenta a quinientos días multa y hasta un mil días multa por concepto de reparación del daño. No se procederá contra el autor de este delito, sino en virtud de sentencia ejecutoriada o auto de sobreseimiento dictado por el órgano jurisdiccional que hubiese conocido del delito imputado. La reparación del daño comprenderá una indemnización por concepto de daño moral y la publicación de sentencia absolutoria a costa del sentenciado o presunto ofendido según sea el caso.

 Artículo 155.- Se impondrá igual pena a la señalada en el artículo anterior al que para hacer que un inocente aparezca como culpable ponga sobre la persona o en cualquier lugar adecuado para ese propósito un bien que pueda dar indicios o presunciones de responsabilidad. A la pena señalada se le agregará la de publicación de sentencia. Si se tratare de un servidor público de la administración y procuración de justicia se aumentará la pena hasta con una mitad de la que le corresponde, destitución 49 definitiva e inhabilitación por veinte años, para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos. 

CAPITULO III FALSO TESTIMONIO 

Artículo 156.- Comete el delito de falso testimonio, el que: 

I. Interrogado por alguna autoridad pública o fedatario en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad; 
II. Examinado por la autoridad judicial como testigo, faltare a la verdad en relación con el hecho que se trata de averiguar ya sea afirmando, negando u ocultando la existencia de alguna circunstancia que pueda servir de prueba sobre la verdad o falsedad del hecho principal, o que aumente o disminuya la gravedad. La pena podrá ser de tres a quince años de prisión y de cien a quinientos días multa, para el testigo que fuere examinado en un procedimiento penal, cuando al inculpado se le haya impuesto una pena mayor de tres años de prisión y el testimonio falso haya servido de base para la condena; 

III. Soborne a un testigo, a un perito o a un intérprete para que se produzca con falsedad en juicio; o los obligue o comprometa a ella en cualquier forma; y 

IV. Siendo perito o intérprete, afirmare una falsedad, negare o callare la verdad, al rendir un dictamen o hacer una traducción. Al responsable de este delito se le impondrán de dos a seis años de prisión y de treinta a setecientos cincuenta días multa. 

Artículo 157.- Al testigo, perito o intérprete que se retracte espontáneamente de sus falsas declaraciones rendidas ante cualquier autoridad antes de que se pronuncie sentencia ejecutoriada, se le impondrán de treinta a sesenta días multa. Pero si en la retractación faltare a la verdad, se le impondrá la pena que corresponda con arreglo a lo prevenido en el artículo anterior, considerándolo como reincidente. 

CAPITULO IV EVASIÓN 

Artículo 158.- Al que auxilie o favorezca la evasión de algún detenido, procesado o condenado, se le impondrán de uno a siete años de prisión y de treinta a doscientos cincuenta días multa. Si fuere el encargado de conducir o custodiar al evadido será además destituido de su empleo. 50 Si el detenido, procesado o condenado lo fuera por delito grave, se impondrá una pena de siete a quince años de prisión. 

Artículo 159.- No se aplicará pena alguna a los ascendientes, descendientes, cónyuge, concubino o hermanos del evadido, sus parientes por afinidad hasta el segundo grado, excepto en el caso de que hayan proporcionado la fuga por medio de violencia en las personas o fuerza en las cosas, o fueran los encargados de conducir o custodiar al prófugo. 

Artículo 160.- Al que propicie al mismo tiempo y en un sólo acto la evasión de varias personas privadas de la libertad por la autoridad competente, se le impondrán de cuatro a doce años de prisión y de cincuenta a trescientos cincuenta días multa. Si el inculpado prestara sus servicios en el establecimiento o fuera custodio de los evadidos, quedará además destituido de su empleo definitivamente y se le inhabilitará por veinte años.

Artículo 161.- Si la reaprehensión del evadido se lograre por gestiones del responsable de la evasión, se le impondrán de tres meses a un año de prisión y de treinta a cien días multa; Artículo 162.- Al detenido, procesado o condenado que se evada, se le impondrá de uno a dos años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa, independientemente de los delitos que cometa en su evasión. 

CAPITULO V QUEBRANTAMIENTO DE PENAS NO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 163.- Al sentenciado a confinamiento que salga del lugar que se haya fijado para su residencia antes de extinguirla, se le impondrá prisión por el tiempo que le falte para extinguir el confinamiento. Al que favorezca el quebrantamiento de la pena o medida de seguridad, se impondrá de seis meses a un año de prisión. Si se trata de un servidor público que tenga a su cargo el cumplimiento de la pena o medida, la pena de prisión será de uno a tres años y privación definitiva del cargo o comisión e inhabilitación para ocupar otro de igual naturaleza durante un período de veinte años. Artículo 164.- Se impondrán de tres a seis meses de prisión:

I. Al inculpado sometido a la vigilancia de la autoridad que no ministre a ésta los informes que se le pidan sobre su conducta; y (F. DE E., P. O. 3 DE ABRIL DE 2000)

II. A aquél a quién se hubiere prohibido ir a determinado lugar o residir en él, si violare la prohibición. 51 Artículo 165.- Al reo suspendido o inhabilitado en su profesión u oficio o suspendido o inhabilitado para ejercer, que quebrante su condena, se le impondrán de treinta a doscientos cincuenta días multa. En caso de reincidencia, se impondrán de uno a seis años de prisión y se duplicará la multa. CAPITULO VI DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Artículo 166.- Son delitos cometidos por los servidores públicos de la administración de justicia: I. Conocer de los negocios para los cuales tengan impedimento legal o abstenerse de conocer de los que le correspondan, sin tener impedimento legal para ello; II. Litigar por si o por interpósita persona;

III. Dirigir o aconsejar a las personas que ante ellos litiguen; 
IV. Retardar o entorpecer maliciosa o negligentemente la administración de justicia; 
V. Omitir, acordar o no resolver dentro de los términos legales, los asuntos de su conocimiento, aun cuando sea con el pretexto de silencio, obscuridad de la ley o cualquier otro; 
VI. Sacar, en los casos en que la ley no lo autorice expresamente, los expedientes de la respectiva oficina y tratar fuera de ella los asuntos que tramiten; 
VII. Dictar un auto o resolución, con violación de algún precepto de la ley o manifiestamente contrario a las constancias de autos o cuando se obre indebidamente y no por simple error de opinión; VIII. Ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien una ventaja indebida; 
IX. Admitir recursos notoriamente improcedentes, conceder términos o prórrogas indebidos; 
X. Dar por probado un hecho que legalmente no lo esté en los autos o tener como no probado uno que, conforme a la ley, deba reputarse debidamente justificado; 
XI. No dictar auto de formal prisión o de libertad de un detenido dentro de las setenta y dos horas siguientes de haber sido puesto a su disposición, o no comunicar oportunamente su determinación a los encargados de los centros 52 preventivos donde estuviere recluido, salvo el, caso de ampliación del término en beneficio del inculpado; 
y XII. Ordenar la aprehensión de una persona por delito que no amerite pena privativa de libertad, o en caso en que no preceda denuncia, acusación o querella. A los inculpados de los delitos previstos en las fracciones I a VI, se les impondrán de uno a tres años de prisión, destitución definitiva e inhabilitación por veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos. A los inculpados de los delitos previstos en las fracciones VII a XII, se les impondrán de dos a seis años de prisión, destitución definitiva e inhabilitación por veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos. 

jueves, 25 de enero de 2018

¿Qué es Peculado y Enriquecimiento ilícito en Derecho Penal?

Ambos delitos los podemos encontrar dentro del Código Penal para el Estado de México en los artículos 140 y Capítulo XIV del mismo ordenamiento.
En cuanto al peculado, el Código dice al respecto:

Artículo 140.- Comete el delito de peculado, el servidor público que disponga en beneficio propio o indebidamente para terceros con o sin ánimo de lucro, de dinero, rentas, fondos o valores, o sus rendimientos que tenga confiados en razón de su cargo, ya sean del Estado, municipios, organismos auxiliares, empresas de participación municipal mayoritaria, o fideicomisos públicos. Al que cometa este delito, se le impondrán las siguientes sanciones: I. De uno a tres años de prisión y de treinta a setenta y cinco días multa, destitución definitiva e inhabilitación por veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, cuando la cantidad o el valor de lo que se haya dispuesto no exceda del equivalente de mil veces el salario mínimo diario general vigente en la zona económica donde se cometa el delito, o no sea cuantificable; y II. De tres a diez años de prisión, de setenta y cinco a doscientos cincuenta días multa, destitución definitiva e inhabilitación por veinte años para desempeñar 44 empleo, cargo o comisión públicos, cuando la cantidad o el valor de lo que se haya dispuesto, exceda de mil veces el salario mínimo general vigente en la zona económica donde se cometa el delito. La disposición de bienes para asegurar su conservación y evitar su destrucción y siempre que se destinen a la función pública, no será sancionada. 


Respecto al enriquecimiento ilícito la misma legislación nos dice:

Artículo 141.- Comete el delito de enriquecimiento ilícito, el servidor público que obtenga un lucro evidentemente desproporcionado con la percepción que su empleo, cargo o comisión, tenga asignada presupuestariamente, sin demostrar la honesta procedencia de sus bienes. Al que cometa este delito, se le impondrán de cuatro a once años de prisión, de cincuenta a doscientos setenta y cinco días multa, destitución definitiva e inhabilitación por veinte años para desempeñar empleo cargo o comisión públicos y decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya honesta procedencia no acredite. 

Artículo 142.- El incremento del patrimonio de un servidor público durante el ejercicio de su cargo o dentro de los dos años siguientes después de que éste concluya, que sobrepase notoria y apreciablemente sus posibilidades económicas e ingresos lícitos, considerando sus antecedentes y circunstancias personales y la evaluación de sus gastos, es causa suficiente y fundada para presumir la falta de probidad y honradez del mismo. 

Artículo 143.- Se reputará, salvo prueba en contrario, que los bienes del cónyuge de los servidores públicos, cualquiera que sea su régimen matrimonial, así como los de los hijos o hijas menores, son propiedad de dicho servidor. 

miércoles, 24 de enero de 2018

¿Qué es la reparación del daño en materia penal?

El artículo 26 del Código penal para el Estado de México define la reparación del daño como:

I.- La restitución del bien obtenido por el delito, con sus frutos y accesiones, y el pago en su caso del deterioro y menoscabo.

La restitución se hará aún en el caso de que el bien hubiere pasado a ser propiedad de terceros; a menos que sea irreivindicable o se  haya extinguido el derecho de propiedad, los terceros serán oídos en un incidente tramitado en la forma que señala el Código de Procedimientos Penales.

II.- El pago de su precio si el bien se hubiere perdido, o incorporado a otro por derecho de accesión, o por cualquier causa no pudiere ser restituido;

III.- La indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el pago de los tratamientos que, como consecuencia del delito, sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima. 

El monto de la indemnización por el daño moral no podrá ser inferior a treinta ni superior a mil días multa y será fijado considerando las circunstancias objetivas del delito, las subjetivas del delincuente y las repercusiones del delito sobre el ofendido;

IV.- El resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

Ahora bien, el orden de preferencia para quien tiene el derecho a la reparación del daño es según el artículo 32 del mismo ordenamiento, el siguiente:

I.- la victima.
II.- El ofendido.
III.- Las personas que dependieran económicamente de él.
IV.- Sus descendientes, cónyuge o concubinario.
V.- Sus ascendientes
VI.- Sus herederos
VII.- El estado a través de la institución encargada de la asistencia a las víctimas del delito.

lunes, 22 de enero de 2018

¿Qué es ley penal en blanco?

Una forma especifica del tipo abierto es la así denominada "ley penal en blanco", donde la ley penal previene la pena para una conducta que deja sin definir, por lo que esta última queda sujeta a interpretación, si bien, es ocasiones,  la propia ley señala que para su entendimiento deberá efectuarse reenvío a otra ley en donde se explica el contenido de la conducta.

Aquí, el problema más delicado se presenta cuando la regla de reenvío aparece recogida en una ley en sentido material pero no formal, es decir, que se trate de un ordenamiento que no necesariamente reúna las características de una ley, como ocurre con los reglamentos, lo que naturalmente origina cuestionamientos sobre su posible inconstitucionalidad ( en relación con los delitos contra la salud, en ocasiones la ley penal en diferentes países hace reenvío para integrar el contenido de los que debe entenderse como estupefaciente o narcótico, a las listas de medicamentos o sustancias que las refieren como tales y que a veces aparecen previstas en leyes, pero en otras ocasiones, se recogen en reglamentos)
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